domingo, 7 de abril de 2019


Empantallados: 

la "adiccción sin sustancia" que empieza a los 14 años

No duermen y comen a deshora. Dejan de ducharse. Se vuelven violentos. 

Uno de cada cinco jóvenes españoles entre 10 y 25 años sufre trastornos del comportamiento por culpa de la tecnología

Madrid 

Lo llaman adicción sin sustancia. A Adrián, gaditano de 14 años, le atrapó en verano. Casi sin darse cuenta, pasaba los días encerrado en su habitación, apenas comía y dejó de ducharse. Sin comunicarse con su familia, su única actividad era jugar a la consola, la PlayStation. “Tenía el horario cambiado, me quedaba toda la noche despierto y a mediodía descansaba unas horas. Cuando me entraba hambre iba a la cocina a por más Red Bull bebida energética, me hacía un par de sándwiches y pillaba alguna bolsa de patatas”, cuenta el joven. El día que sus padres empezaron a preocuparse, le quitaron la máquina, la escondieron en el coche y el chico se agarró a ella de forma enfermiza, asegura Isabel, su madre. Tuvieron que acudir a una comisaría para poner fin al conflicto. “Adrián ya no era Adrián, siempre había sido cariñoso y ahora se comportaba de forma violenta”.
En España, el 21% de los jóvenes entre 10 y 25 años sufre trastornos del comportamiento por culpa de la tecnología, según una encuesta a 4.000 chavales que se incluirá en el nuevo Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad. La adicción a las pantallas no se considera una enfermedad y se quedó fuera del DSM5, la clasificación de trastornos mentales elaborada por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que actualizó el listado en 2013. La ludopatía es el único comportamiento adictivo reconocido en ese documento, que asocia la adicción fundamentalmente a sustancias: alcohol, tabaco, estimulantes, marihuana y opiáceos.
Empantallados: la “adicción sin sustancia” que empieza a los 14 años
“No existe un protocolo para actuar en estos casos, el diagnóstico de nuevas enfermedades siempre va por detrás de los cambios sociales. Hay que saber diferenciar entre consumo excesivo y adicción, que es cuando la persona pierde el control y sufre porque aunque le gustaría parar, no puede”, explica Celso Arango, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. En su hospital, el Gregorio Marañón de Madrid, la adicción a los videojuegos es ya la segunda más tratada por detrás del cannabis, en el caso de los adolescentes.
Pérdida de control, así describe Adrián lo que vivió durante dos meses. Su familia decidió buscar ayuda cuando al inicio del curso, tercero de la ESO, sus notas cayeron en picado y suspendió seis asignaturas. “No razonaba, nos empujaba y pegaba puñetazos contra la pared”, describe su madre. Con sesiones de terapia familiar en la Asociación Proyecto Hombre, dedicada a la prevención y tratamiento de las drogodependencias que en 2013 lanzó un programa para jóvenes adictos a las tecnologías de comunicación, han conseguido frenar el problema. Adrián ha vendido la consola y con ese dinero ha comprado una bici de montaña, una afición que había abandonado. La clave de su recuperación han sido las llamadas resoluciones, castigos o recompensas por su comportamiento. 
“La adicción no tiene que ver con el número de horas, sino con las consecuencias”
Pedro Pedrero, Proyecto Hombre
“Al empezar el tratamiento, el vacío emocional de los chavales es muy grande. Su vida se ha llenado con el juego, con el reconocimiento de otras personas a sus hazañas virtuales. A diferencia de lo que les pasa en la vida real, ahí se sienten competentes y los fallos que puedan tener no están penalizados. ¿Qué les puedes ofrecer que les llene de forma parecida?”, plantea Pedro Pedrero, psicólogo de Proyecto Hombre, que ya ha atendido a 200 jóvenes, la mayoría chicos de 16 años. Las chicas son un 20% del total.  “La adicción no tiene que ver con el número de horas, sino con las consecuencias”, añade. 
Cerca del 90% de los jóvenes entre 14 y 16 años dispone de dos a cinco dispositivos digitales personales y el 86% reconoce un uso “muy habitual” del móvil, según el estudio Las TIC y su influencia en la socialización de adolescentes, publicado el pasado enero por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
Empantallados: la “adicción sin sustancia” que empieza a los 14 años
Detrás del enganche se esconden, en la mayoría de casos, carencias personales o problemas de autoestima. “Si se refugian en la tecnología es por algo. Es lo que llamamos fenómeno iceberg: la adicción es lo que vemos, pero debajo puede haber conflictos familiares, acoso escolar, duelo por la muerte de un ser querido o cambio de país”, señala José Moreno, director del Centro de Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid, un servicio público pionero en España destinado únicamente a adolescentes que abrió el pasado abril y que ha dado tratamiento psicológico a 124 chavales de 12 a 16 años. El 38% de los casos les llega derivados de los departamentos de salud mental de los hospitales madrileños. En estos primeros once meses, 1.583 personas han participado en sus programas de prevención. 
Parte del problema nace en la familia. “Con tres años les ponen la tableta para que coman o para tranquilizarles de una rabieta. Eso supone enseñar al niño a regular sus emociones a través de un aparato”, expone Moreno. La comunicación es clave. “Trabajamos el vínculo. Es necesario que los padres acompañen al chico en la terapia, la responsabilidad no recae en un solo miembro, todos deben estar dispuestos a cambiar”, indica Moreno. Las señales de alerta suelen ser tres: comidas a deshora, malos hábitos de sueño y dejación de responsabilidades. Reconocer que el adolescente tiene un problema es un proceso complejo. “Tienen miedo y afirmar que su hijo es un adicto es un estigma para las familias”. 
¿Qué provocan las pantallas a nivel cerebral? “A diferencia de la adicción a las sustancias, esta no deja huella psicológica para toda la vida, se puede superar con mayor facilidad”, asegura Domingo Malmierca, coautor de tres guías publicadas por la Comunidad de Madrid para aprender a convivir con las pantallas y miembro de la Fundación Aprender a Mirar, que trabaja contra los abusos en el entorno digital. Se excitan porque tienen ante sí un reto: ganar una batalla o sorprender en una conversación de WhatsApp. “Cada acierto supone un chorro de dopamina, es una satisfacción inmediata”, explica el experto. 
El cerebro de los adolescentes es “inmaduro” y muy vulnerable a estímulos que pueden volverse adictivos, sostiene Hilario Blasco, psiquiatra del hospital madrileño Puerta de Hierro. “Los adolescentes tienen menos frenos, el lóbulo frontal la parte del cerebro encargada de regular los impulsos no se ha terminado de formar. No todos se enganchan, los que tienen buenas habilidades sociales o practican más deporte son más resistentes”, apunta.
La familia debe dar ejemplo. “Los niños hacen lo que ven, no lo que sus padres les ordenan, por eso una solución es elegir zonas libres de tecnología dentro de la casa y horarios. Introducir todos los aparatos en un armario por la noche y evitar que se metan en nuestra cama”, advierte Stephen Balkam, fundador de Family Online Safety Institute, una organización en Estados Unidos que investiga sobre prácticas responsables en el mundo digital. “Aún no conocemos las consecuencias a largo plazo, no hay que demonizar la tecnología, pero sí aplicar el sentido común”. 
El aislamiento es otra de las señales. Daniel, de 13 años, ha ido a clase tres veces desde que arrancó el curso. No quiere salir de casa, ni quedar con amigos. Su lugar es el sofá, frente al que tiene un televisor conectado a su Nintendo. “No tengo nada que ocultar, mi hijo tiene una adicción de alto riesgo a las pantallas”, cuenta su padre, Ángel Gutiérrez, a la salida de la sesión de terapia semanal a la que acuden él, su mujer y su hijo en Madrid. Tiene miedo de que la Fiscalía de Menores intervenga y les quite la custodia por las repetidas ausencias escolares.
“Los niños hacen lo que ven, no lo que sus padres les ordenan, por eso una solución es elegir zonas libres de tecnología dentro de la casa y horarios”
Stephen Balkam, psicólogo
El chico, con el pelo largo y suelto y una sudadera negra, le pide a su padre que no dé muchos detalles. “Le fallan las habilidades sociales y ahora estamos revisando su autoestima, parece que la tiene bastante baja”, cuenta el padre. Ahora han empezado a dosificar las horas de juego y Daniel está conociendo a chavales de su edad en su misma situación en la terapia de grupo. “La tecnología es lo peor que nos ha pasado, peor que si bajara un extraterrestre”, dice la madre, que prefiere no dar su nombre. 
“Muchas de las familias que vienen a terapia son muy disfuncionales; no suelen expresar sus emociones ni saben decir que no con respeto. Los juicios y los gritos son una forma de violencia y la educación es la base. Les enseñamos otra forma de relacionarse”, apunta el psicólogo José Moreno. La familia es el modelo de referencia. El trastorno no nace solo. 

LA OMS SÍ RECONOCE EL “TRASTORNO” POR VIDEOJUEGOS

Empantallados: la “adicción sin sustancia” que empieza a los 14 años
La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó el pasado junio, por primera vez, el trastorno por videojuegos como enfermedad mental en su Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-11), que no se actualizaba desde 1992. El trastorno se refiere al uso de videojuegos, con conexión a Internet o sin ella. Para la OMS, se considera un trastorno si supone un "deterioro significativo" en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, o educativo.
A principios de 2017, cuando se conoció que la OMS valoraba incluir los juegos digitales como origen de trastornos mentales, un grupo de investigadores, entre ellos de la Universidad de Oxford, criticaron la idea. En su opinión, no estaba claro que esos problemas debieran atribuirse a un nuevo trastorno. En un artículo, expresaron la falta de consenso en la comunidad científica sobre los síntomas a tener en cuenta. La inclusión de ese trastorno podría provocar pánico o la "aplicación prematura del diagnóstico en la comunidad médica y el tratamiento de casos falsos positivos abundantes, especialmente en niños y adolescentes", lamentaron. El debate que pusieron sobre la mesa cuestionaba si merecía la pena destinar recursos públicos a esa cuestión y planteaba el estigma que podría causar en la comunidad de jugadores "sanos". 

SOBRE ESTE PROYECTO

Este reportaje es la cuarta entrega de Crecer Conectados, una serie de artículos que explora la vida de niños y adolescentes en un mundo digital. Los códigos han cambiado, los chavales aprenden, juegan y se relacionan a través de redes y pantallas, rodeados de algoritmos y big data, nativos en entornos en los que sus mayores se mueven con desconcierto. Crecer Conectados reflexiona sobre los retos a los que se enfrentan y las posibilidades que se abren para estas generaciones. ¿Qué hacen, dónde están y cómo usan los menores la tecnología? Tienen entre 3 y 18 años: ellos serán nuestros guías. [Volver arriba]

martes, 3 de abril de 2018

Colegios privados pierden la partida



La agudización de la crisis económica no permite que las instituciones educativas aseguren su operatividad para el año próximo. A cuatro meses de que finalice el período escolar, hay planteles que han anunciado un cierre técnico ante las autoridades del Ministerio de Educación. LaAsociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas señala que a principios de año cesaron actividades 13 colegios en Caracas, 5 en Maracaibo y 4 en Puerto Ordaz. Esto ocurre en un contexto en el que aumenta el número de niños y jóvenes fuera del sistema escolar: la Encuesta Condiciones de Vida alerta que en los 2 últimos años el acceso a la educación entre la población de3 a 24 años descendió de 78% a 71%

Por CARMEN VICTORIA INOJOSA

Publicado en CRÓNICA.UNO/ EL NACIONAL 11 DE MARZO DE 2018


De 14 aulas, a la Unidad Educativa Carmen Lameda le quedan abiertas 7. Coloridas carteleras, maestras sonrientes, niños repitiendo lo que les enseñan: un día de actividad escolar regular. Nadie comenta que este será el último año escolar para todos en esa institución. Pero en la dirección sí. Después de 21 años de servicio –que se cumplirán el 21 de este mes– el colegio, en el sector La Gran Parada de la parroquia Macarao, ya se encuentra en cierre técnico.

La directora Raquel Martínez lo anunció en enero a la comunidad de padres, representantes, personal docente, administrativo y obrero, así como a las autoridades del Ministerio de Educación. El motivo: la “inconsistencia financiera” que viven desde hace tres años. “El año escolar pasado fue muy duro, por lo que no quería abrir en septiembre. Tuve que cerrar la mitad de la escuela, en diciembre vendí una parte del terreno para pagarles a las maestras. Solicité préstamos porque incluso nosotros como directivos no teníamos cómo hacer mercado. No cobramos desde diciembre”. Y agrega: “Me siento utilizada por el Ministerio de Educación y la Alcaldía. Despuésde lograr que me dieran un subsidio, después de mucho tiempo, entonces ahora se vuelve insuficiente. Por lealtad a mí misma decidí cerrar. A lo mejor este colegio era mi verdadera misión, pero que ahora se hace imposible por todas las cosas”.

La demora de los padres en el pago de mensualidades y del subsidio que deben cancelar las empresas, sobre todo del Estado, cuyos empleados tienen a sus hijos en la institución, impide a directivos calcular ingresos y egresos. La matrícula actual es 205 estudiantes, de los cuales solo 30 representantes están al día. Del plantel, que se inició en septiembre con 296 inscritos, han sido retirados 91: 18 se fueron del país y a 73 los reubicaron en colegios públicos. Pero en julio del año pasado la población estudiantil era de 500.

Martínez asegura que la matrícula actual (205 alumnos) podría ser menos, pues muchos han dejado de asistir a clases por no tener alimentos, agua –el suministro lo suspenden de miércoles a domingo–. Quizás forman parte de los 2.828.000 estudiantes que asisten de manera irregular a clases por fallas en el servicio de agua, alimentación y transporte, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida de 2017, que elaboran las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar. “Esta semana no hubo comida del Programa de Alimentación Escolar. Tuvimos supervisión de la alcaldía y había solo 66 niños”, cuenta Martínez.

Lo que va quedando en los salones son carteleras que dicen “Bienvenidos al nuevo año escolar” y los pupitres vacíos. Esta institución, que atiende a niños de educación inicial hasta sexto grado en el horario de 6:50 am a 5:30 pm, ya cerró los salones de cuarto y quinto grado, y unificó las dos secciones de primer grado y el preescolar.

La pérdida de matrícula y personal docente, la morosidad y el cerco económico hace inviable para Martínez continuar con el proyecto educativo. El subsidio que reciben de la Alcaldía de Libertador son 202 bolívares por cada estudiante. Los de básica pagan 151.000 bolívares y los de preescolar 161.000 bolívares.

Esta semana realizaron nuevos cálculos tras el incremento de salario decretado en marzo. “No sé si podamos llegar a julio, por ley deberíamos. Tendríamos que elevar la matrícula a 272.000 bolívares en el caso de preescolar, y 300.000 bolívares para los de básica. Esto para pagar un sueldo básico al personal. Nos sentimos ahogados. Tenemos la escuela prestada”.

La directiva recurrió al Ministerio de Educación en busca de soluciones, pero no obtuvo respuesta. Pedían la renovación del permiso para el funcionamiento del preescolar y el aumento de la cuota de subsidio por cada alumno.

La reubicación de estudiantes continuará hasta garantizar que en julio todos tengan un cupo en otra institución. “Un niño tenía mucho miedo y su mamá no quería que fuese a un colegio público. Otra me comentó que la niña no quería entrar a los baños porque en las paredes escribían groserías. Otro estudiante de preescolar le dijo a su mamá: ‘La Raquelita esa nos quiere cerrar la escuela”, cuenta llorando la directora. Y pregunta: “¿Cómo hago? A los colegios privados no los toman en cuenta. No es posible que no pueda darle ni bono a mis maestras, no puedo competir con papá Estado”.

Martínez todavía no tiene planes para cuando la institución cierre definitivamente. “Mis hijos se van del país, yo me traeré de oriente a mi mamá, que está pasando trabajo. Soy diabética y tengo 48 años. Me quedaré desempleada junto con mis 18 trabajadores”.

A esta situación se enfrentarán también otros planteles de la zona. Luego de que Martínez presentó a la supervisora circuital el comunicado de cierre se realizó una reunión del consejo de directivos del sector, que agrupó a 14 planteles. En ese momento 2 preescolares subsidiados también anunciaron el cierre.

El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativos Privados en Caracas, Fausto Romeo, señala que los colegios no tienen capacidad de pago. “En octubre de 2017 teníamos un reporte de cierre de 10% en todo el país. En enero se incrementó 15%, adicional a los que ya se habían cerrado. Hay unos costos fijos que son lo que nos está faltando. Anteriormente, entre costos fijos y costos variables uno podía solventar, pero ahora no”. Expresa que hace 2 meses 13 colegios cerraron en Caracas, 5 en Maracaibo y 4 en Puerto Ordaz. “A lo mejor está sucediendo el cierre de un colegio diario”, expresa.


Pérdida de escuelas

De acuerdo con datos del informe 2018 del estado de la educación en el país, elaborado por el coordinador de la línea de investigación Memoria Educativa Venezolana de la Universidad Central de Venezuela, Luis Bravo, entre el período escolar 2013-2014 y el 2014-2015 dejaron de existir 12 planteles privados –incluyendo los subvencionados por el Ministerio de Educación y el Estado. De 4.871 se pasó a 4.859.

El informe, elaborado con base en información pública oficial, indica que las instituciones oficiales también cierran sus puertas. Para el período escolar 2004-2005 se contaron 24.940 escuelas, pero el total para 2006-2007 fue de 22.901. Eso significa que 2.039 planteles desaparecieron. Hasta 2015 la memoria y cuenta del Ministerio de Educación indicó que en el país existían 27.626 instituciones, entre públicas y privadas. Pero el 9 de enero, como cita el informe de Bravo, el ministro Elías Jaua aseguró que eran 25.500 las “habilitadas para seguir el proceso de formación escolar”. Una diferencia de 2.126 escuelas.

“De un año a otro puede haber un diferencial de 100 escuelas y uno pregunta qué es lo que pasa. Eso se debe en principio a la debilidad de la información y en segundo lugar a que aquí no se están construyendo muchas escuelas. Está ocurriendo un fenómeno, y es que nunca las escuelas oficiales se cerraban; se disolvían con otro nombre, pero no cerraban”, explica Bravo.

La construcción de nuevas escuelas ha sido precaria. Según el informe anual de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas, en 2015 se construyeron 27, entre escuelas y liceos bolivarianos, unidades educativas, escuelas técnicas y simoncitos. Pero en 2014 y 2013 no se llegaron a construir más de 17.

 Foto: Francisco Bruzco/ Crónica.Uno


No garantizan operatividad

Ante la inviabilidad económica en el país, donde solo en enero, según la firma Econométrica, la inflación fue de 95,3%, a la fecha los planteles privados no pueden garantizar la operatividad para el próximo año escolar.

“Todos los colegios pequeños que no pueden hacer ajustes para cancelar sueldos y salarios están a punto de cerrar. Estamos en fase de subsistencia. Casi todos a punto de cierre”, asegura el presidente de Andiep, Alejandro Conejero. Son 164 colegios que agrupa la organización. “Quisiéramos asegurar la operatividad, pero eso no depende de nosotros sino de cómo se mueva la economía del país; a este ritmo de la inflación y este éxodo de docentes y alumnos, cada día se hace más difícil”, enfatiza Conejero.

El presidente de la Cámara Venezolana de Educación Privada, Pedro Castro, destaca que los 200 colegios que integran la organización tratan de finalizar el año escolar.  “Estamos sobreviviendo”.

Ante la crisis, una de las medidas que los planteles han tenido que tomar ha sido la disminución de servicios. En un colegio del Country Club, hasta el año pasado se incluyó en la matrícula la posibilidad de que el estudiante estuviese en tres actividades extracurriculares. Ahora ofrece una, y las demás las debe cancelar el representante. “Todos los colegios hemos disminuido los servicios, sobre todo actividades extracátedra, como las culturales y las deportivas. Otros los cobran aparte. Hemos eliminado servicios de psicología”, dice Conejero.

El mantenimiento de instalaciones y jardines se imposibilita. “Nos hemos reducido a servicios mínimos: clases y materias exigidas por el Ministerio de Educación”, agrega el representante de Andiep. Preside una escuela en la que, desde hace un buen tiempo, las canchas que eran de grama natural ahora son de tierra. “No tenemos agua y ya no podemos comprar cisternas para regar la grama. Tenemos dos años sin renovar la batería de baños, hemos cerrado cuatro salones porque no tenemos cómo reparar el compresor del aire acondicionado”. Esto no ha afectado la parte académica de los estudiantes porque han podido ser reubicados en otras aulas debido al éxodo: se han ido 115 alumnos de una población de 1.665.

Los ajustes en la mensualidad son otra práctica en los colegios. Puede ser cada mes, bimestral o trimestral. El último ajuste que Conejero hizo fue de 34% en febrero. En otro colegio del Country Club en lo que va de período escolar han acordado con padres y representantes cuatro incrementos. El año pasado fueron seis. En otras instituciones los ajustes responden a los aumentos salariales que ordene el Ejecutivo.

Educación privada se restringe

En septiembre de 2017 el ministro Elías Jaua indicó que 200.000 estudiantes ingresaron al sistema público, pero no explicó en qué contexto. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2017 señala, en cambio, que en los 2 últimos años el acceso a la educación entre la población de 3 a 24 años descendió de 78% a 71%. También indica que existe una caída en el número de inscritos en educación privada: “La pérdida del poder adquisitivo en los hogares parece haber incidido sobre una menor demanda de servicios privados, especialmente en las edades de cursar educación inicial o universitaria”.

La Encovi también señala que “ha caído la demanda de servicios educativos privados entre la población de los estratos socialmente más aventajados”, al ubicarse en 43%, luego de que en 2016 fue de 55%.

En medio de la crisis económica no solo la moneda pierde su valor. Martínez explica en qué consiste el duelo: “Cerrar un colegio es quitar una oportunidad, una esperanza a muchos infantes. Es quitarle el saber, los valores. Una escuela dentro de una comunidad es una esperanza de surgimiento, de avance. La fundación de la escuela Carmen Lameda fue el trabajo de campo de mi tesis. Quise darles apoyo a las familias para que los niños no se quedaran solos en casa. Veía que muchos estaban sin educación. Carmen Lameda era mi abuela, un héroe anónimo del sector La Gran Parada, que ayudó a muchas personas cuando el río se desbordó”.

 
Foto: Francisco Bruzco/ Crónica.Uno


Los estudiantes se quedan a la deriva

La presidenta de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, Nancy Hernández, considera que es el tercer momento desde el año 2000 en que los colegios privados no pueden garantizar su continuidad. En 2004 el presidente Hugo Chávez ordenó congelar las matrículas. En 2007 se estableció que para ajustar las mensualidades tenían que contar con 75% de asistencia de padres y representantes en las asambleas. Si no se alcanzaba un acuerdo en la primera y segunda convocatoria, se haría con 50% más 1 en la siguiente. El incremento sería hasta 20%.

La Memoria Educativa Venezolana, en su informe 2018, refleja que en el período escolar 2006-2007 había 5.048 plantes privados y para el siguiente (2007-2008) se contaron 4.456; es decir, una pérdida de 592 instituciones educativas. Desde entonces, al menos hasta 2015, la iniciativa privada no ha vuelto a superar la cifra de 2006-2007.

“Ahora tenemos un país con hiperinflación en que no se pueden realizar asambleas anuales, sino cada dos meses o cuando el gobierno aumente el sueldo. Ante la inviabilidad económica, no hay ninguna garantía de poder continuar; sería irresponsable decir que sí”, opina Hernández.

La Encuesta Condiciones de Vida 2017 señala que 24% de los escolares entre 3 y 5 años de edad forman parte de los alumnos de un plantel privado; la cifra se repite en el caso de los niños de 6 a 11 años de edad, mientras en la población escolarizada entre 12 a 17 años de edad, la cifra es de 35%. Poco más de un millón de niños están desescolarizados.

“Por la menor medida, por cada colegio privado que cierre hay 400 muchachos que se quedan sin continuar con el proyecto educativo, ni hablar de colegios que tienen de 800 a 1.000 alumnos que pueden quedar a la deriva. Nos va a costar 25 años poder restituir la calidad de la educación”, manifiesta.

miércoles, 8 de noviembre de 2017

El hambre como arma de control

El uso de la distribución de alimentos como mecanismo de dominación política e ideológica se considera la expresión de una categoría bautizada como violencia alimentaria. Las recientes denuncias del reparto de las bolsas de los CLAP durante las elecciones regionales han sido vistas como la concreción de una estrategia de manipulación, pero las implicaciones de la falta de acceso a productos básicos afectan múltiples dimensiones 

hambre

Publicado en el suplemento Siete Días del diario El Nacional

Por MARIELBA NUÑEZ      22 DE OCTUBRE DE 2017

Las bolsas de alimentos distribuidas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como CLAP, están bajo el foco de las denuncias sobre la manipulación de los pasados comicios regionales. Tanto José Manuel Olivares, ex candidato de la Mesa de la Unidad Democrática a la Gobernación del estado Vargas, como Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre y ex candidato por Miranda, han denunciado que se entregaron productos provenientes del programa alimentario comunal como parte de las estrategias de manipulación de los resultados en los comicios del 15 de octubre de las que acusan al oficialismo.
Los señalamientos vienen a engrosar el amplio expediente que acumulan los CLAP, a los que el decreto presidencial 2.323 del 13 de mayo de 2016, que declaró el estado de excepción y la emergencia económica, les dio participación en “la correcta distribución y comercialización de productos de alimentos y productos de primera necesidad”, así como la función de “mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país”, junto con la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad del Estado. 
El tejido que somete el acceso a los alimentos a un control político y militar del país no es gratuito, sino que obedece a un síntoma de un proceso que los expertos han bautizado como violencia alimentaria. La socióloga María Mercedes Boada acuñó el término a partir de sus estudios sobre el caso venezolano y como parte de su investigación como tesista de doctorado en ciencias sociales de la Universidad Central de Venezuela. Lo definió como “el sometimiento de una sociedad a partir del hambre de las personas, de la coerción de su libertad de elección en materia alimentaria y de la manipulación de toda la cadena socioproductiva de los alimentos con un fin ideológico o político”.
Boada recuerda que comenzó a trabajar en la definición en 2011, a partir del análisis de todas las medidas del gobierno de Hugo Chávez que desembocaron en el control estatal sobre los mecanismos de producción y distribución de los alimentos. “Ya en ese entonces era evidente que estaban cambiando muchos de los patrones alimentarios de los venezolanos”, señala. “Se trataba de que el manejo del hambre se convirtiera en un monopolio estatal. El mensaje final es que la forma como satisfaga esa necesidad pase a través del Estado, que apunta al control completo de la cadena”.
Acuñar un término como violencia alimentaria para describir la situación venezolana permite comprender la múltiples dimensiones de lo que significa la alimentación, señala la antropóloga y profesora de la Universidad Central de Venezuela Ocarina Castillo. “Es un fenómeno complejo por la transversalidad del tema alimentario, que afecta todos los órdenes. Tiene que ver con lo que significa hacer la cola para comprar alimentos, que tengas que identificarte con un captahuellas, que tenga que sustituir la alimentación tradicional por productos extraños a tu cultura, además de la absoluta sensación de impotencia que sufres por no poder contrarrestar lo que está ocurriendo”.

Dominio progresivo. La búsqueda de control estatal absoluto sobre la alimentación había sido admitida por el propio Hugo Chávez, quien la consideraba vital para la supervivencia del proyecto bolivariano luego del paro de 2003. La política agroalimentaria tenía el objetivo de “blindar al Estado ante las pretensiones desestabilizadoras contrarrevolucionarias de la derecha nacional y garantizar que la alimentación se consagre en lo concreto como un derecho y no como un producto mercantil”, recordaba un texto de la Agencia Venezolana de Noticias en 2015, a propósito del reconocimiento que la FAO, organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, había entregado al país por sus avances en la lucha contra el hambre.
Solo dos años después el panorama es muy diferente: en su informe de 2017, presentado hace dos semanas, la FAO acaba de reconocer al país como el que experimentó la mayor alza en subalimentación, indicador que señala cuántos habitantes de una nación no alcanzan a llenar sus requerimientos nutricionales mínimos para llevar una vida saludable. Según los cálculos de la agencia, se sumaron 1,3 millones de personas a esta categoría, lo que lleva al país a 1,8 millones en condiciones de subalimentación. La situación venezolana explica la merma general del desempeño de la región en su lucha contra el hambre, de acuerdo con el análisis.
La admisión por el organismo internacional del deterioro venezolano se asemeja al epílogo de una ilusión, pues el logro había sido festejado hasta el cansancio por el gobierno venezolano, pese a la incredulidad de parte de la población, las críticas de expertos y de asociaciones de salud. “Ellos tomaban en cuenta lo que se importaba, pero sus indicadores, que se basan en las cuentas del comercio exterior, no reflejan ni el consumo ni la distribución. El error estuvo en no verificar si el alimento llegaba a manos de la gente”, señala la experta en nutrición y manejo de gestión alimentaria Susana Raffalli.
Ya es oficial que el país atraviesa una crisis de inseguridad alimentaria severa. “Esto quiere decir que el Estado perdió su capacidad de garantizar una oferta de alimentos; es decir, no hay garantías de que hay suficiente comida para todos”, agrega. “Y eso se ha aceptado con un desparpajo tremendo por parte de los voceros oficiales, cuando ya en otro país hubiera sido una emergencia”.
La admisión de la crisis alimentaria llega al cabo de un período en el que se intensificó el control estatal sobre la alimentación por parte del Estado, de acuerdo con lo que señala el más reciente informe de la ONG Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos.
El año 2016, señala, estuvo “signado por la militarización de todas las funciones alimentarias del país, por la reducción a mínimos de la capacidad de producción nacional de alimentos, por la pérdida casi absoluta de la autonomía alimentaria para favorecer importaciones masivas de alimentos”. Además, se caracterizó “por la escasez, por la inflación y la pulverización del poder adquisitivo, por la pérdida de calidad de la alimentación hasta en su contenido simbólico, por el hambre que empujó a muchas personas a los basureros y por el daño ya evidente sobre el estado nutricional de niños y adultos, sobre la educación y sobre la violencia que el hambre y la escasez detonaron”.
Además de mantener la vigencia de marcos regulatorios que el informe califica de regresivos, como la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía, la ley de tierras y la ley de costos y precios justos, y de la aprobación del decreto de emergencia económica, se creó la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, que contribuyó a la consolidación de la militarización del sector.

Narrativa de la precariedad. Raffalli considera que la violencia alimentaria también se ha expresado en una narrativa que ha tratado de crear un contrarrelato a la crisis. “El Estado, por ejemplo, ha tratado de convertir el hambre en una cosa buena, cuando ha dicho, por ejemplo, que el azúcar o el trigo son carbohidratos imperialistas, o que comemos ‘sano y soberano’, cuando se trata de decisiones que han sido impuestas, y por lo tanto no han sido tomadas libremente por la población”.
A eso se añade la negación absoluta de que haya algún problema, que se expresa en episodios como la controversial frase de la entonces canciller Delcy Rodríguez en la Organización de Estados Americanos, que señaló en mayo que en el país no había hambre porque se importaba el equivalente a lo que se necesitaría para alimentar a tres países.
”Otra expresión de esa violencia alimentaria es el encubrimiento, y lo podemos encontrar en situaciones como que, por ejemplo, Venezuela no ha actualizado los estándares que permiten decir cuándo hay desnutrición, pues se manejan con parámetros que estaban vigentes en el año 1992 y que dejaron de estarlo en 2006. Eso impide considerar como desnutridos a una gran población de niños y presupuesta muy baja la respuesta humanitaria”.
El derecho a la alimentación está consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sus alcances han sido establecidos en la Observación número 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Raffalli señala que al menos 32 de los 35 puntos principales de este documento están siendo en este momento violados en la situación venezolana. “Una de las directrices del derecho es que dice que debes tener acceso a una alimentación adecuada, que significa no solamente que es inocua, sino que va a tener los nutrientes que necesitas y que es culturalmente aceptable, que sus elementos es de acuerdo con el patrón cultural”.
Los alimentos en las cajas del CLAP, incluidas las harinas nixtamalizadas mexicanas, son un ejemplo de cómo se vulnera el pacto, pues no se adaptan a la realidad cultural de los venezolanos. El informe de Provea enumera otras irregularidades del que se ha convertido en uno de los principales programas de control político de la población, como el hecho de que obligó a la compra de productos carnes enlatadas o salsas, “que se contraponen a las campañas del Instituto Nacional de Nutrición y del mismo diseño de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano por unos hábitos de alimentación autóctonos y sanos”.
Otros problemas incluyen la irregularidad en las entregas de las cajas, los incrementos de precio –en 2016 aumentaron más de 700%– y la ampliación del número de grupos atendidos, mientras en contraposición mermó la cantidad de alimentos distribuidos, de manera que las bolsas fueron reduciéndose de 18 kilogramos de alimentos  a principios de año a 10 y 12 kilogramos al finalizar el año. La poca disponibilidad de estos productos supone otra violación de los pactos internacionales, pues en este caso el Estado no garantiza, ni siquiera, “el nivel mínimo esencial necesario para estar protegido contra el hambre”.
Para Raffalli, sin embargo, el mecanismo de control que han supuesto los CLAP  ha tenido impacto en la capacidad de reacción y protesta de la población. “Está funcionando el desgaste porque se sabe que se puede perder el beneficio. Si las personas supieran que pueden contar con otros recursos para alimentarse, el comportamiento sería distinto. Hay que desarrollar un mecanismo de resistencia a los CLAP”.
Castillo rescata el concepto de resiliencia, esa capacidad de adaptarse a situaciones traumáticas, como uno de los fenómenos que ha permitido y permitiría contrarrestar la violencia alimentaria. “Es ello lo que nos lleva a poder sustituir alimentos por otros, tratando de no sacrificar elementos nutricionales, abrir esquemas de consumo que anteriormente podían ser muy rígidos. Estamos hablando de recursos que no son económicos sino culturales”.

La ruta del dominio alimentario

2001 - Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Fue aprobada como parte de las leyes habilitantes por el difunto presidente, con el fin de “de profundizar la lucha contra el latifundio”. La misión Zamora nació este mismo año con el objetivo de “reorganizar la tenencia y uso de las tierras ociosas con vocación agrícola”.

2003 – Plan Especial de Seguridad y Soberanía Alimentaria e inauguración del primer Mercal. El PESA estaba destinado a  comprar, importar, almacenar y vender productos de la canasta básica a bajos precios, utilizando la infraestructura militar como base de operaciones. Se inaugura el primer Mercal, para comercializar estos productos a precios subsidiados por el Estado.

2004 - Misión Mercal y Casas de Alimentación. Nace el programa destinado a dotar a establecimientos de diverso tipo con productos subsidiados. Igualmente se crean centros en comunidades de extrema pobreza que distribuyen menús de acuerdo a las distintas necesidades: desnutrición, desamparo social, personas con discapacidad y embarazadas de alto riesgo.

2007 – Misión Alimentación. El fin era reducir la importación de alimentos y  fortalecer la producción. Se promulga la Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y Cualquier otra Conducta que afecte el consumo de productos sometidos a control de precios.
2008 – Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. Oficialmente, su fin era planificar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento y distribución equitativa y justa de alimentos a toda la población.

2008 – Creación de Pdval. La empresa estatal de distribución de alimentos tenía el objetivo de garantizar el abastecimiento de los alimentos en almacenes y establecimientos por todo el país. En 2010 pasó a ser administrada por la Vicepresidencia, luego del hallazgo de miles de contenedores con más de 130.000 toneladas de alimentos descompuestos.  

2010 – Expropiación de Agroisleña. La empresa proveedora de al menos 70% de los insumos de los productores agrícolas, pasa a ser Agropatria. Fedeagro ha denunciado que es la culpable en la baja producción de hortalizas y vegetales en el país, pues disponen del monopolio de las semillas y fertilizantes. Hoy solo produce 30%.

2011 - Expropiación Hacienda Bolívar: El emblema del sector tenía bajo su gestión 8.000 cabezas de ganado vacuno. Para 2015, la producción cárnica se había desplomado más de 30%, quedaban apenas 3.000 cabezas de ganado y en cuanto a la producción de leche, la cuota diaria pasó de 5.000 litros a 75.

2016 - Gran Misión Abastecimiento Seguro y Soberano. Dirigido por Nicolás Maduro y el General en Jefe Vladimir Padrino López. Todas las instituciones del Estado quedan bajo el orden y la subordinación absoluta del Comando Nacional y tenía 7 vértices: productivo, logístico, comercialización, sistema de precios, organización productiva, seguridad y defensa e investigación y desarrollo.

2016 – CLAP. El Estado le asigna el control de lo alimentario a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, con el objetivo de que las propias comunidades abastezcan y distribuyan los alimentos prioritarios casa por casa, pero se le ha acusado de ser instrumento de control político.