Reportaje: ¿Dónde está el minibar?

La Contraloría General de la República encontró irregularidades administrativas durante los años 2007 y 2008 en el Concejo Municipal de Sucre. Contratos fantasmas, pagos sin soporte y gastos millonarios en relaciones sociales son algunos de ellos. El ayuntamiento, que aún no renueva concejales, está en un marasmo frente al avance del poder popular 

Laura Helena Castillo. Publicado en suplemento Siete Días del diario El Nacional el 3 de abril de 2011

Cuando hace brisa, a la oficina del secretario municipal de Sucre entran las voces de los estudiantes que gritan y cantan rap en la plaza del casco histórico de Petare. Es el barullo feliz de los niños en uniforme escolar cuando están fuera del aula. El espacio es fresco y con buena vista. Allí, según el Informe de Actuación 2010 de la Contraloría General de la República, debería haber un minibar, un aire acondicionado de ventana y un equipo de audio, comprados a nombre de la Secretaría Municipal ­órgano auxiliar del concejo­ entre 2007 y 2008. Pero nada de eso está. Hay un ventilador de pie, un león de espejos colgado en una pared, una mesa con arreglos florales de plástico, escritorio, sillas, estante y poco más. Sin embargo, dice el documento que se gastaron 13.047 bolívares fuertes en unos bienes que nadie encuentra. Esta es una de las fallas en el manejo de recursos que halló la Contraloría General de la República en el Concejo Municipal de Sucre y que sirven para concluir que "existen deficiencias administrativas que inciden negativamente en su gestión, por cuanto se detectaron debilidades en los sistemas de control interno". Los concejos municipales ­cuerpos legisladores de los municipios­ viven un irregular letargo. En 2009, la Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, con lo que las elecciones de concejales y juntas parroquiales que debían efectuarse ese año quedaron postergadas para 2010, año en que tampoco se realizaron. Los 13 ediles del municipio Sucre ­12 del PSUV y 1 de Primero Justicia­ están allí desde 2005, sin posibilidad de relegitimación o renovación de los cargos, porque el Consejo Nacional Electoral aún no ha anunciado fecha para estas elecciones. Aníbal Centeno es el secretario municipal desde 2006. "Ubícame, porque no sé de qué me hablas", fue lo primero que dijo al informársele sobre la existencia de una evaluación hecha por la Contraloría. "Ese minibar y las otras cosas no las compré yo, sino la administración del Concejo Municipal porque no manejo presupuesto. Yo no necesito un bar aquí. No hay requisiciones que comprueben que yo lo pedí. No entiendo por qué compran cosas a nombre de la secretaría sin yo enterarme", fue lo segundo que manifestó, con aparente sorpresa, informe en mano. Centeno no es el único que desconocía sobre este documento titulado "Concejo Municipal: legalidad y sinceridad en la ejecución de los recursos asignados", que está en la página web del órgano contralor del Estado (www.cgr.gob.ve). Isabel Rada, presidenta del concejo para la fecha auditada, tampoco estaba al tanto, así como Flavia Martinau, edil de Primero Justicia. Ni el alcalde Carlos Ocariz ni el secretario general de la alcaldía sabían sobre esta fiscalización que revela anomalías en el manejo de la Hacienda Pública Municipal. Marcial Noel Núñez, contralor municipal, señaló que este procedimiento lo realizó directamente la Contraloría, sin participación de técnicos de la instancia local. Y, al parecer, lo hizo con mucha discreción. Facturas y personal. Durante el último trimestre de 2007 y el primero de 2008, el concejo contrató 688 empleados. De acuerdo con la evaluación realizada por la Contraloría, en una muestra de 76 expedientes se constató que "no se suscribió contrato alguno que permita verificar horario de trabajo, funciones asignadas, unidad de adscripción, tiempo de vigencia de contrato y cargo". En una escueta charla de pasillo, Isabel Rada, que como presidenta del concejo en esa época tenía bajo su responsabilidad la firma de los pagos a los contratados, desestimó el hallazgo. "Mi asistente leyó el informe y me dijo que había algunas irregularidades, como currículos mal elaborados, cosas frecuentes que se pueden arreglar. Pero tienes que hablar con el administrador del concejo". Nada más quiso decir. El informe de actuación no revela cuál o cuáles comisiones que ­cada concejal tiene a su cargo tuvieron deficiencias en el registro de contratación de personal, porque, según una fuente interna, este caso puede derivar en una investigación administrativa y, mientras tanto, evitan identificar a los posibles responsables. Martinau señala que el presidente y el administrador del concejo son quienes deben dar cuenta de los fondos. "El presidente es el responsable del pago de los empleados, de organizar la rendición de cuentas, de firmar los cheques. Yo, al igual que los demás concejales, recibo un presupuesto que suele dividirse en 80% para el pago de personal, casi siempre promotores que trabajan con las comunidades, y el resto para la compra de suministros. El dinero lo maneja el administrador del concejo, nosotros le enviamos requisiciones de lo que necesitamos y él se encarga de las compras". Algo similar indica Centeno, pero añade más datos. "La administración contrata personal a nombre de la secretaría. Aquí hay 30 personas asignadas como personal fijo y sólo ves 10. El resto lo tienen en la administración. Te dicen, por ejemplo, que viene un periodista a trabajar aquí, se le va a pagar tanto, presentan el currículum a la cámara municipal y ya; yo no sé quién es ese periodista ni dónde trabajará. Ellos se pagan y se dan el vuelto". Orquídeas y buffet. La Contraloría General encontró evidencias de una intensa vida social en el Concejo Municipal de Sucre. El último trimestre de 2007, se registraron gastos de 1,33 millones de bolívares fuertes en 57 órdenes de servicio y el primer trimestre del año siguiente el monto fue de 2,45 millones de bolívares fuertes en 80 órdenes de servicios, todos asignados a la partida 4.03.07.03, identificada como Relaciones Sociales. Es decir, el concejo gastó en un semestre 3,78 millones de bolívares fuertes en fiestas. En los tres primeros meses de 2008, las erogaciones por este rubro representaron 10% del presupuesto anual de 24,22 millones de bolívares fuertes. Las órdenes de servicio y las facturas revelaron contratos para "alquiler de discplay, grupos musicales, refrigerios tipo buffet, copas para brindis, arreglos florales, así como ramos exóticos, kioscos, baños portátiles, tarimas, podio, servicio de protocolo, mesoneros de etiqueta, orquídeas decoradas, entre otras". La Ordenanza de Presupuesto de 2008 preveía 17 millones para la partida de gastos de personal; 2,9 millones para la de materiales y suministros y 2,8 para la de servicios no personales. Lo que costaron las celebraciones fue casi lo mismo que lo que se presupuestó para una partida completa. Sin embargo, el tipo de gastos no es lo único que alerta la Contraloría. En estas compras se hallaron órdenes de servicio que "no indican el motivo de la contratación, ni señalan el lugar donde se efectuó el evento, ni el nombre de la comisión permanente que hizo el requerimiento, por cuanto no tienen anexas las requisiciones de las unidades solicitantes". No quedó constancia de quién disfrutó de los saraos. Hay más: los presupuestos y las facturas no tienen la firma de los proveedores; las órdenes de servicio, las facturas y los cheques tienen la misma fecha o, en algunos casos, las órdenes de servicio tienen fecha posterior al pago. Además, de los 83 comprobantes de cheque del primer trimestre de 2008, la Contraloría constató que 64 no tienen la firma del representante de la empresa contratada en señal de que recibió el pago. De acuerdo con las Normas Generales de Control Interno de la institución, "todas las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias y administrativas deben ser respaldadas con la suficiente documentación justificativa". En consecuencia, indica el informe, "la falta de comprobantes que soporten las operaciones antes descritas compromete la sinceridad de los gastos". En defensa de su gestión, Centeno alertó sobre las facturas que envía la administración. "De la administración han llegado a mandarme facturas en blanco para que yo las firme, sin saber de qué son. Me he negado y se las he devuelto. Eso es una rosca entre el administrador y los concejales. Así de simple". "Más fácil". Los consultados sobre el informe de la Contra- loría General coinciden en que el administrador del Concejo Municipal de Sucre debe explicar muchas de las denuncias. El problema es que, al igual que el minibar, el funcionario que cumplió esa labor en 2007 y 2008 ­período evaluado por el órgano contralor­ ya no se encuentra en la institución. Freddy Márquez trabajó allí hasta 2009. Vía telefónica ofreció su versión: "La Contraloría no avisa cuándo va a ir, lo hace de sorpresa. En el caso de las facturas que no se encontraron de la partida de Relaciones Sociales es posible que al momento que ellos llegaron no las tuviéramos a la mano. Tal vez hay irregularidades, pero son pequeñas comparadas con el volumen de dinero que se maneja". Márquez considera que hubo problemas de comunicación con los auditores, porque lo que ellos llaman minibar es en realidad una mesa para poner los termos de café. "Esa mesa está en la sala de sesiones de la cámara. Podemos reorientar el presupuesto; se compró a nombre de la secretaría por una disponibilidad presupuestaria", asegura. La mesa para poner los termos de café costó, según el informe, 7.500 bolívares fuertes en 2008. A Márquez lo sustituyó el actual administrador, Orlando Duarte, que dice no tener nada que ver con la gestión de su antecesor. Duarte mostró un recibo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que indicaba que el concejo estaba solvente con el pago de las prestaciones sociales del personal, pues otra de las observaciones incluidas en el informe era la deuda de 7,27 millones de bolívares fuertes, correspondiente al lapso de 2001 a 2008. "El Concejo Municipal no ha cancelado las prestaciones sociales a más de 1.000 trabajadores de ese organismo durante 7 años", señala el escrito. "Mediante créditos adicionales se saldaron los pasivos", afirmó Duarte. Otra irregularidad hallada en la revisión del informe fue que el concejo ejecutó los recursos asignados a las juntas parroquiales, cuando ­según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal­ eso le corresponde al alcalde. Duarte ofrece una explicación política: "En aquellos momentos el alcalde era José Vicente Rangel Ávalos y como la mayoría de los concejales también pertenecían del PSUV era más fácil que el concejo manejara los recursos de las juntas parroquiales. Pero ya fue devuelto a la alcaldía". A pesar de la soltura con que Duarte despacha el tema, la norma es clara. El artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que tanto el alcalde como los concejales, el contralor, el síndico y demás funcionarios municipales serán responsables patrimonialmente ante el municipio "por los daños que le causaren por incumplimiento de sus deberes o por negligencia o impericia en el desempeño de sus funciones". Algunos daños están a la vista. La oficina de Duarte no está en la casa colonial del casco histórico de Petare, donde los martes y jueves sesiona la cámara municipal, sino en el edificio Giorgio, en Boleíta, sede de la Alcaldía de Sucre. Allí se encuentra a salvo del deterioro que consume las entrañas de la casa, a pesar de que es patrimonio histórico de Petare. En la casona no hay agua desde diciembre. Una enorme filtración tapizó de moho verde una pared del patio interior y obligó a condenar una de las tuberías; por eso los empleados tienen cuatro meses cargando tobos de agua para poder usar los baños. Parte del techo del primer piso se ha ido cayendo por etapas, como si un animal lo masticara por las noches. De acuerdo con Luis Comella, director general de la Alcaldía de Sucre, no es por falta de recursos. "En 2011, el presupuesto del concejo es de 65 millones de bolívares fuertes, lo que podría ser más que el presupuesto de una alcaldía pequeña". "Estamos perpetuados, como Cilia Flores", bromea una empleada del concejo. Con casi dos años de mora y sin que el Consejo Nacional Electoral dé la fecha para escoger nuevos ediles, la institución, germen de la vida republicana, pareciera padecer un debilitamiento gradual, mientras los consejos comunales y las comunas se fortalecen gracias a grandes aportes presupuestarios del Gobierno central, en la construcción del socialismo.