Los nuevos sicarios perdieron el miedo

 Atentan contra figuras militares y políticas cercanas al Gobierno. Están en las ciudades.

 Por Lisseth Boon. Publicado en Últimas Noticias. 6 de mayo 2012

Jesús Aguilarte, exgobernador de Apure, murió 10 días después de recibir cuatro tiros de dos hombres en Maracay (Ara) el 24 de marzo de 2012. Cuatro semanas después, Wilme Moreno, general del Ejército y exdirector de Inteligencia Militar, falleció al ser alcanzado por cinco disparos de 10 que le propinaron dos hombres aún no identificados, en Anzoátegui. El 6 de febrero de este mismo año, José Cairo, escolta del gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño, fue asesinado por las balas originalmente dirigidas al mandatario regional.

Son tres de los casos más sonados en lo que va de 2012 que reúnen las características del asesinato por encargo: descarga de muchos disparos como modus operandi, ausencia de robos y desconocimiento de los verdaderos motivos y nombres de los autores intelectuales. A todos los une un silencio residual, como el que queda del último fogonazo de una bala. 

Las víctimas ya no son sólo ciudadanos de a pie, sino figuras conocidas del mundo militar y de la política regional. Ya no se registran únicamente en la frontera, sino que se han extendido a otros estados del país. Algo está cambiando en la manera de matar a sueldo. Hay quienes sospechan que los nuevos sicarios perdieron el miedo. A propósito del asesinato del general Moreno el pasado 19 abril, el gobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab, dio algunas pistas sobre la nueva expresión de este fenómeno: “La falta de temor de actuar en contra de personas que lograron cierta trascendencia pública”.

Además de las tres muertes mencionadas, en febrero intentaron matar de cuatro balazos a Tomás Bello, alcalde de Pariaguán (Anz). Por ese caso fue apresado Javier Peña (UNT), expresidente de la Cámara Municipal de esa entidad, junto con otros cinco sujetos.

En Venezuela no existen cifras exactas sobre los asesinatos a sueldo, también conocidos como sicariatos. Una de las dificultades para su identificación es que son englobados dentro de las estadísticas de homicidio que manejan los cuerpos policiales. 

Sin embargo, expertos coinciden en que esa modalidad delictiva, si bien es de larga data en Venezuela, registra un inquietante aumento en los últimos años.

Sustentan sus afirmaciones en el número de muertes en los sindicatos de obreros de la construcción por la lucha de cupos que responden a las particularidades del sicariato. Según la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), 273 trabajadores y líderes sindicales fueron asesinados entre 2005 y noviembre de 2011.

Aparte, se apoyan en las recientes noticias sobre muertes registradas en la prensa que arrojan indicios de sicariato. 

“No podemos hablar de miles, pero sí ha aumentado. En el pasado no se veían tantos casos de sicarios como en la actualidad. A veces tienden a confundirse con resistencia a robo”, asegura Douglas Rico, comisario retirado de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ, ahora Cicpc).

El sicariato en Venezuela no es un fenómeno reciente. En décadas anteriores, hubo escándalos por muertes ejecutadas por desconocidos de la víctima, como la del abogado Raymond Aguiar (años ochenta) o de la familia Semprún Cedeño en el Zulia entre los setenta y ochenta, recuerda el criminólogo Javier Gorriño, secretario administrativo de Consejo metropolitano de seguridad ciudadana.

También, en la primera década del siglo XXI se presentaron denuncias de asesinatos de campesinos por autores anónimos, que dirigentes del agro venezolano atribuyeron a intereses en contra de la aplicación de la Ley de Tierras en 2001, implantada por el actual gobierno. 

Están además los sicariatos pasionales, encargados por las llamadas “viudas negras”, como es el caso de Jalucci Fondache, quien está siendo procesada por el presunto homicidio de su marido, Rubén Gamarra, dueño del diario Nueva Prensa de Guayana (2009); o la de Milagros de Armas, hija del fundador del Bloque de Armas, autora intelectual de la estudiante Andreína Gómez (2007), según describe el abogado criminalista Fermín Mármol García.

Antecedentes. La muerte por encargo ha tenido mayor incidencia histórica en la frontera colombo-venezolana. La organización Una Luz por la Vida-Fundavida, con sede en San Cristóbal (Tác), ha denunciado su creciente aumento. Muchos han estado relacionados con el narcotráfico, pero también con venganzas personales y asuntos pasionales. 

Pero en los últimos años, el fenómeno se ha trasladado a otros centros urbanos como Caracas. “La muerte por encargo está tomando fuerza en Venezuela ya no sólo ligada a bandas del crimen organizado o violencia sindical, sino también al hampa común”, analiza Mármol García.

Una de las dificultades para esclarecer los asesinatos asalariados es que no existe relación directa entre la víctima y victimario. El criminal es contratado para matar puntualmente, aclara Gorriño. Por ello, resulta complicado descubrir a los autores intelectuales, dice el criminólogo.

Muchos casos emblemáticos corren el riesgo de convertirse en “cangrejos” policialmente hablando. “¿Dónde están los autores intelectuales de la muerte de Danilo Anderson (2004)? ¿O los de los agentes financieros Arturo Erlich (2006) y Freddy Farfán (2007) , vinculados a la desaparición de 45 millones de dólares de Fogade? ¿O de Pierre Gerges, vicepresidente de Reporte Diario de la Economía (2010)?”, se pregunta Mármol García, para quien la impunidad y el silencio atentan contra la memoria de los venezolanos.

Aunque Venezuela no padece el grado de violencia generado por el narcotráfico en México y Colombia, ese factor no puede dejarse de lado como detonante del crimen. El país es reconocido como puente de las redes internacionales de la droga, subraya el abogado criminalista.

“Aquí no hay escuelas de asesinos a sueldo como ocurre en otros países. Ahora se contrata al delincuente común, muchachos de barrio que se van entrenando en cobrar por matar. Después de los primeros muertos, se les va haciendo todo más fácil”, advierte Rico.

En otras épocas, operaban organizaciones de sicarios colombianos con pericia que se trasladaban a Venezuela para cumplir con las encomiendas y luego se devolvían a su país, cuenta Rico. Ahora no, pues muchos de esos asesinos viven y actúan en las capitales venezolanas.

Cuerpo de ley. Otra de las señales del incremento del sicariato en Venezuela es la tipificación jurídica de este delito. El artículo 12 de la Ley contra la Delicuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, reformada el pasado 3 de mayo, le otorga carácter autónomo al incriminar tanto a quien ordena el asesinato como al agente ejecutor; ambos pueden ser castigados con prisión de 25 a 30 años. 

Muchos culpables siguen libres. “El sicariato es el resultado de la impunidad”, sentencia en su blog la periodista mexicana Sanjuana Ramírez, autora de varias investigaciones sobre el crimen organizado en su país. Advierte sobre el peligro de contagio en otros países latinoamericanos, como Venezuela.

Luego del atentado que sufrió Tomás Bello, alcalde de Pariaguán, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, se refirió al tema en marzo pasado. “El sicariato político es una práctica usual en la derecha”, señaló, y expresó temor de que se extendiera en el país. Sin embargo, no ordenó abrir investigación de ninguna otra muerte. 

“A diferencia de otros delitos, como el secuestro, en el cual la víctima puede colaborar, en el sicariato la única salida es el fortalecimiento de las instituciones del Estado y la educación de la sociedad. Mientras la estructura de administración de justicia sea débil, será difícil combatir el crimen”, señala Mármol García.