La explotación intensiva planteada en uno de los
motores económicos del gobierno de Nicolás Maduro compromete la
integridad de un territorio que concentra la mayor extensión de áreas
naturales protegidas de Venezuela y zonas boscosas de la Amazonía,
vitales para el planeta. La actividad en los yacimientos afectará los
ríos Paragua y Caroní, lo que comprometerá aún más, a futuro, el
funcionamiento del Guri. Advierten que ecosistemas frágiles y
comunidades indígenas corren peligro
La superficie de Venezuela que
el pasado 24 de febrero se convirtió en parte del llamado Arco Minero
del Orinoco es mayor que la que ocupan países como Bulgaria, Cuba,
Islandia, Portugal y Panamá, para nombrar sólo un puñado de naciones que
no alcanzan los 111.843,70 kilómetros cuadrados que se ven afectados
por el decreto 2.248 publicado en la Gaceta Oficial 40.855.
El
extenso territorio, que fue subdividido en cuatro áreas al sur del
Orinoco y que equivale al 12,2% del territorio nacional, es descrito en
el decreto firmado por el presidente Nicolás Maduro como si fuera un
nuevo mito de El Dorado en el que refulge no solamente la promesa del
oro, sino también la de minas de diamante, bauxita, coltán, hierro,
cobre, caolín, dolomita y tierras raras.
El
texto con el que da por creada una zona de desarrollo estratégico
nacional menciona sólo de soslayo el impacto sobre el ambiente que
tendría el proyecto, uno de los grandes problemas que supone el
propósito de explotar de forma intensiva riquezas minerales en un área
que comprende principalmente el estado Bolívar y sectores de Amazonas y
Delta Amacuro. Todos ellos son parte de la Amazonía, es decir, de “la
extensión de bosque húmedo tropical más grande del planeta, con un área
de 6 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente 35% del
continente sudamericano”, como la define el último informe presentado
por la Red Amazónica de Información Ambiental Georreferenciada.
El
documento recuerda la importancia de esta región para la regulación del
clima global y la esperanza que constituye su preservación para
combatir los efectos del cambio climático y el calentamiento global. “La
Amazonía es mucho más que agua y carbono, ya que es el hogar de la
mayor biodiversidad a nivel global, al albergar entre un tercio y la
mitad de las formas de vida conocidas”, indica.
“En
la cuenca del Amazonas, en sentido amplio está incluido todo el sur del
Orinoco”, explica el investigador Lionel Hernández, de la Universidad
Nacional Experimental de Guayana, coautor de un estudio publicado por la
revista Science que calcula los porcentajes de peligro de extinción de
la vegetación en este territorio que vincula varios países y que
concluyó que entre 36% y 57% de las especies arbóreas del área están en
peligro de desaparecer.
“Se trata de
una unidad biogeográfica, que no toma en cuenta fronteras, porque las
especies están relacionadas en su historia y su distribución. Ninguna
especie tiene que ver con la división de las cuencas hidrológicas, lo
que cuentan son los recursos que necesita para sobrevivir “, señala.
Las
consecuencias que ya se prevé que tendrá la explotación minera en la
zona alarman al ex senador Alexander Luzardo, corredactor de las normas
ambientales contenidas en la Constitución aprobada en 1999. “El primer
crimen del decreto es el reduccionismo lingüístico, pues circunscribe
una realidad de una enorme complejidad ecológica simplemente a la
minería, sin tomar en cuenta las riquezas de recursos como el agua, la
biodiversidad, las reservas forestales de bosques como el Caura, con más
de 5 millones de hectáreas, ni Imataca, con más de 3,8 millones de
hectáreas, además de monumentos naturales que se verán afectados como el
caso del Guanay”.
El repudio a la
explotación planteada en el arco minero ha sumado voces también del
chavismo inconforme, como ocurre con la exministra del Ambiente Ana
Elisa Osorio, quien era titular de esa cartera en 2006, cuando se tomó
la decisión de revocar la concesión de la minera canadiense Gold
Reserve, la misma que ahora tendrá participación en el nuevo plan
estatal. Osorio es una de las firmantes de uno de los varios exhortos
que recolecta firmas en Internet en rechazo al proyecto, al que se
califica de “ecocida y etnocida”, sobre todo por el uso de la minería a
cielo abierto, que implica la remoción de grandes extensiones de
terreno. “En los antecedentes de este tipo de explotaciones no figuran
casos en los que no se hayan causado severos daños socioambientales
irreversibles. No existe la megaminería amigable con el medio ambiente”,
sostiene el texto.
Depredación irreversible.
La aceleración de la pérdida de cobertura boscosa que traería la
aplicación al sur del Orinoco del “motor minero”, uno de los 14
anunciados como parte de la Agenda Económica Bolivariana, consolidaría
una tendencia que ya fue observada en el último informe de RAISG,
presentado el año pasado.
Venezuela
es el único país de una región que comparten Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y la Guyana francesa, donde
aumentó la tasa de deforestación entre 2010 y 2013: el país perdió 1.742
kilómetros cuadrados de bosque en ese período, que se sumaron a los
1.521 kilómetros cuadrados que resultaron devastados entre 2005 y 2010.
Aunque
la disminución de superficie boscosa sigue siendo proporcionalmente
menor que la que ocurre, por ejemplo, en territorio brasileño, Venezuela
fue la única nación donde se observó una tendencia al incremento de la
deforestación, confirma Irene Zager, subdirectora de Investigación para
Sensores Remotos y SIG de Provita, la ONG venezolana que formó parte de
la medición y el análisis de los datos que se obtuvieron gracias a la
interpretación de imágenes satelitales. Los dedos acusadores apuntan a
la minería ilegal como causante del fenómeno, pues tiene un impacto
mucho más agresivo que otras actividades, como la agricultura.
Los
suelos del Escudo Guayanés tienen miles de millones de años de
antigüedad y de allí viene su fragilidad, recuerda María Tina Oliveira,
directora de Investigación y Desarrollo de Provita. “Ante eventos de
deforestación, o pérdida de bosques por acción humana, habrá una gran
diferencia en cuanto a los tiempos de recuperación de la cobertura
forestal entre las distintas subregiones y la venezolana será la que más
demore. Mientras en Ecuador o Brasil, por citar dos posibilidades, el
inicio de esa recuperación se evidenciará, si se detienen las
actividades destructivas, en unos diez años, en Venezuela probablemente
pasen 50, 100 años o tal vez nunca tenga lugar”, sentencia.
No
hay que esperar para ver las consecuencias, pues, además de
irreversibles, son prácticamente inmediatas, agrega. Un ejemplo claro
puede evidenciarse en el aumento de sedimentos que llegan al Guri y que
tienen un papel crucial en la crisis que palpan los venezolanos con los
apagones y que el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez,
ha documentado las últimas semanas con sus selfies desde el lecho seco
del embalse.
El arco minero podría
agravar esta situación. Uno de sus límites toca el cauce del río Paragua
y sus tributarios, e impacta de forma directa la cuenca baja del
Caroní, en la zona comprendida entre la frontera norte del Parque
Nacional Canaima y la llegada a la represa del Guri. La consecuencia
previsible es que se incrementará la cantidad de sedimentos que llegan
hasta la represa, factor que disminuye su capacidad para generar
electricidad, puntualiza Oliveira.
“Esto
ocasiona una disminución en el volumen de agua que puede almacenar y
por tanto su capacidad para generar electricidad se ve reducida, además
de los efectos negativos que genera el aumento de los sedimentos y de
los coloides asociados a ellos en las turbinas del complejo
hidroeléctrico”.
Conflicto de intereses.
Pese a las promesas gubernamentales de llevar adelante la explotación
del arco minero de manera “respetuosa con el medio ambiente”, como
aseguró Maduro en el acto de lanzamiento del plan, los ecologistas
coinciden en que la tarea luce imposible, no sólo en Bolívar, que
constituye el estado con más áreas protegidas de Venezuela, un total de
7,2 millones de hectáreas, sino también en Amazonas y Delta Amacuro.
“Hay que ser bastante ingenuo para pensar que esas actividades no
tendrán un impacto negativo”, apunta Oliveira.
Luzardo
no escatima en símiles para describir el escenario que se avizora. “Lo
que está produciéndose aquí es un Chernóbil minero: liquida fuentes de
agua dulce, biodiversidad, reservas forestales, envenena las aguas con
mercurio y cianuro, va a afectar la pesca, es un crimen horrendo”.
Oliveira
añade que, en líneas generales, la minería lleva consigo el peligro de
eliminación o destrucción de diferentes tipos de ecosistemas naturales,
forestales o no, la modificación de cursos de agua y la disminución o
eliminación de especies de plantas y animales.
La
explotación del oro, en particular, suele utilizar sustancias tóxicas
con efectos nocivos a corto, mediano y largo plazo, añade. “No se
restringen a la contaminación del agua, de los suelos y de las especies
que viven en los alrededores, sino que se extienden también a la salud
de quienes trabajan en esa actividad y de las poblaciones humanas que
tienen contacto con el agua que sale de esas áreas”, agrega.
Aunque
las áreas que se delimitaron dentro del arco minero no incluyen las
cabeceras de los ríos más importantes del país, ocurre algo muy distinto
con el sector bajo y medio del Orinoco. Los efectos sobre las
comunidades biológicas y humanas pueden ser tremendos, alerta Oliveira.
Llama la atención sobre el peligro para los ecosistemas cercanos al
delta y sobre los recursos pesqueros que recibirían la descarga del río.
Para
Luzardo, una de las peores distorsiones ha sido la creación de la
Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas,
adscrita al Ministerio de Defensa. “Las Fuerzas Armadas, que tienen una
función disuasiva, estratégica, de preservación del territorio y del
espacio geográfico, con este decreto se convierten en fuerzas armadas
garimpeiras”.
El lanzamiento del arco
minero vino aparejado, además, con la creación de una Zona Especial
Militar para la protección de las cuatro áreas de explotación previstas,
que se formalizó pocos días después de la masacre de 17 mineros en
Tumeremo. En un comunicado, la ONG de defensa de los derechos humanos
Provea denunció la eliminación de derechos de asociación y reunión que
supone el artículo 25 del decreto, que además, podría interpretarse como
proscripción del derecho a la manifestación pacífica y a huelga, pues
establece sanciones contra quienes promuevan actuaciones que
obstaculicen las actividades económicas de la zona.
Luzardo
también llama la atención sobre los efectos que la apertura a la
explotación minera intensiva traería para las poblaciones indígenas. Le
indignó en particular el acto en el cual el vicepresidente del área
social Jorge Arreaza lanzó el arco minero en la población de los
Pijigüaos del estado Bolívar. “Hizo un gesto propio de los
colonizadores, retratarse con los mapoyos, una etnia a la que los
embates de la historia han reducido a 400 personas y cuya lengua fue
declarada recientemente patrimonio inmaterial de la humanidad, para
decir que ellos apoyan la minería, cuando sabe que en realidad están
decretando su extinción”.
Provea
también cuestionó que se hayan omitido los estudios de impacto ambiental
y sociocultural que debieron realizarse antes de lanzar el proyecto,
dado el potencial daño ecológico que se avecina. También considera grave
que no se haya cumplido con la consulta “de manera previa, libre e
informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos
naturales en hábitats indígenas”, como establece el artículo 120 del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La lista de
las etnias que se verían afectadas también incluye a los inga, eñepá,
kariña, arawak y akawako.
El rastro de El Dorado
La
documentación levantada por técnicos venezolanos da cuenta de algunas
de las riquezas con las que el gobierno venezolano intenta atraer
inversiones de las cerca de 150 empresas de 35 países con las que
asegura ha sostenido reuniones sobre el “motor minero”. También da una
idea de la agresiva intervención ambiental que requiere la explotación
de los yacimientos minerales.
Alcabala tóxica:
No hay ninguna intención gubernamental de esconder la avaricia con la
que se habla de los yacimientos de oro que se vinculan con tres de las
áreas descritas en el arco minero. Tanto el presidente Nicolás Maduro
como el ministro de Energía y Petróleo Eulogio Del Pino han asegurado
que Venezuela, una vez obtenidas las certificaciones, pasará a ser el
segundo país con las mayores reservas del mineral dorado, más de 7.000
toneladas. ¿La maldición de Midas? Tienen que ser explotadas con minería
a cielo abierto de grandes dimensiones, debido a las características de
las vetas y del mineral que se quiere obtener. “Más del 90% no está
libre, está asociado con la pirita, que es sulfuro de hierro”, explica
Simón Rodríguez, ex director de Geología del Ministerio de Energía y
Minas, quien recuerda que la gran mina de oro está en el kilómetro 88,
donde hay 300 millones de toneladas de roca mineralizada. También hay un
potencial riesgo ambiental en el uso de cianuro, pues es necesario
habilitar lagunas de esa sustancia, que permite recuperar el metal.
Resurrección del metal:
Estudios de la Orinoco Mining Company y la empresa Ferrominera del
Orinoco ubicaron en Bolívar 44 depósitos de mineral de hierro, que
contienen reservas que van desde 4.000 hasta 400.000 millones de
toneladas métricas. “En la actualidad la extracción minera se concentra
en los yacimientos de San Isidro y María Luisa, porque las extracciones
en el cerro Bolívar se agotaron después de más de cuatro décadas de
trabajos”, recuerda Rodríguez. La minería, en este caso, debe hacerse
también a cielo abierto a lo largo de extensos frentes de extracción. El
material que se extraería, conocido como fino, no podrá ser usado
directamente por el sector siderúrgico, sino que debe emplearse para la
elaboración de briquetas, una suerte de bloques.
Roca apetecida:
Más de 3 millardos de kilates de diamantes que se ubicarían en el área 1
del arco minero también han sido publicitadas como parte de las
riquezas del arco minero. En las décadas de los ochenta y los noventa
hubo un “boom diamantífero”, recuerda Rodríguez, debido a la gran
cantidad de piezas que eran arrastradas por las corrientes, tanto en el
río Caroní como en el Guaniamo. Sin embargo, son las chimeneas
kimberlíticas, la roca ígnea que aloja los diamantes, la verdadera
promesa. Se han contabilizado trece, que requieren también de
explotación a cielo abierto.
El oro azul:
El coltán, el mineral compuesto de columbita y tantalita, cuyo valor
para la industria electrónica lo ha situado también en la lista de las
explotaciones más apetecidas dentro del arco minero, comenzó a hacerse
familiar para muchos venezolanos en 2009, cuando el presidente Hugo
Chávez hizo referencia a la toma militar de un sector de Bolívar para
evitar su contrabando. Fue evaluado desde la década del setenta por
técnicos venezolanos, que encontraron una “intrusión”, refiere
Rodríguez, una fractura geológica en la zona conocida como el Batolito
del Parguaza, que cubre unos 50 kilómetros cuadrados. La explotación
requeriría de la apertura de minas subterráneas.
Rareza en lo profundo:
Cerca del Manapiare, en tiempos de la creación de la Comisión de
Desarrollo del Sur impulsada por el gobierno de Rafael Caldera, los
investigadores descubrieron una herida en lo profundo del bosque,
parecido al rastro de un meteorito. El lugar fue bautizado como cerro
Impacto y esconde lo que se conoce como tierras raras: cerio, lantano,
neodimio y el radiactivo torio, cuyas reservas son superiores a 302.000
toneladas métricas, y que requeriría un gran complejo minero a cielo
abierto para su explotación, además de la apertura de vías de
comunicación hacia zonas hoy boscosas.
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