Prisiones como escuela del crimen

Lejos de detener o minimizar los índices delictivos, el hacinamiento, la impunidad, la violencia descarnada y la corrupción del sistema penitenciario hacen que la situación en la que se encuentran las cárceles en Latinoamérica recrudezca la crisis de seguridad pública en la región. En este especial realizado por los 11 periódicos del Grupo de Diarios América se muestra un panorama de los centros penitenciarios que pone en evidencia los principales problemas que tienen en común, por ejemplo, la existencia de una especie de sociedad paralela sin control del Estado, junto con las particularidades de cada país que complican la situación.

Publicado en el suplemento Siete Días del diario El Nacional. Por Amanda Ramaciotti

8 de octubre de 2017

Uno de cada tres delincuentes de Latinoamérica reincide, la mayoría por crímenes más graves del que los condujo a la cárcel por primera vez. Muchas de las prisiones más conocidas de los países de la región se han vuelto verdaderas escuelas de crimen. Escuelas en las que se desarrolla una sociedad paralela, sin control del Estado y que son uno de los factores que contribuyen a la crisis de seguridad pública que se vive en varios rincones de América Latina.

En Brasil, por ejemplo, los grupos del crimen organizado como el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho nacieron en las cárceles, desde donde coordinaron y expandieron sus operaciones hasta llegar a montar una industria transfronteriza que se extiende a Bolivia y Paraguay.

Sus líderes, Marcola y Fernandinho Beira-Mar, respectivamente, no han visto en las rejas un impedimento para llevar a cabo sus planes. Y cuando sus fuerzas y aliados se enfrentan, el resultado de las riñas es monumental, obligando al gobierno federal a intervenir con tropas. Como las que dejaron 140 prisioneros muertos –varios de ellos mutilados– a comienzos del año.

Las múltiples fugas de las cárceles del jefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín “el Chapo” Guzmán, solo contribuyeron a alimentar su leyenda, pues túneles, engaños y sobornos horadaron las restricciones más severas. Antes de exponerse a la noticia de otra huida del Chapo, el gobierno mexicano se vio aliviado cuando fue extraditado a Estados Unidos.

Sin embargo, para altos mandos de organizaciones criminales, a veces es hasta mejor estar tras las rejas que en las calles. Es más seguro para ellos y allí reciben protección frente a sus rivales. Es el caso, por ejemplo, de líderes de las pandillas Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y el Barrio 18 en El Salvador.

Las cárceles han adquirido un nuevo significado en la región. Mientras los miembros más jóvenes de las pandillas pueden ascender de rango con más rapidez dentro que fuera, los más viejos pueden aprovechar su condena para pensar e implementar estrategias.

También hay prisiones donde las bandas carcelarias se han vuelto verdaderas instituciones, con reglas y su propia versión de la historia. En Puerto Rico hay por lo menos siete grupos carcelarios que se destacan: 27, Jibaritos, 25, Huevo, Bacalao, 31 y Ñeta. Este último tiene casi cuarenta años. Sus reglas incluyen no robar, no ver al compañero como objeto sexual y no humillar a los nuevos reclusos. Quienes son aceptados como miembros son instruidos en la tradición que caracteriza a la organización a lo largo de los años por “maestros”.

Crimen, castigo y reinserción. La inseguridad es uno de los principales aspectos de preocupación ciudadana, como muestra la encuesta Latinobarómetro de Market & Opinion Research Internacional. El asunto de la inseguridad también es parte fundamental de las cuentas públicas de los gobiernos y un atractivo tema de campaña para los candidatos, desde Río Grande hasta Tierra del Fuego.

Latinoamérica vive una alarmante crisis de seguridad. Es la región más violenta del planeta, fuera de las zonas de guerra. De acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, cuenta con 9% de la población mundial pero registra un tercio de las víctimas de homicidios a nivel global; 6 de cada 10 robos son cometidos con violencia.

La justicia no ha logrado atacar ese problema. 90% de los asesinatos no es resuelto y las cárceles, que debieran ofrecer alternativas para que los reclusos abandonen el crimen, han fallado.

Los gobiernos latinoamericanos han implementado una serie de políticas de mano dura para capturar y enjuiciar a delincuentes. Según un comparativo de estadísticas realizado por el Grupo de Diarios América, las primeras causas que llevaron a las personas a la cárcel en la mayoría de los 11 países evaluados están el robo o intento de robo y alguna infracción a la ley de drogas. Los otros motivos que se destacan son: extorsión (en El Salvador), homicidio (en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Venezuela) y violación sexual (en Perú).

De acuerdo con Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, con sede en Argentina, el problema de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos de Latinoamérica es que detienen a un delincuente que rápidamente es reemplazado por otro. “El resultado es que se llenan las cárceles sin resolver el problema del delito”, señala.

Además, ese doble esfuerzo por capturar y enjuiciar como opción preferida para enfrentar el crimen y la inseguridad no va de la mano con una mejoría de las condiciones penales, aseguran expertos. A excepción de Puerto Rico, todos los países de Latinoamérica tienen una tasa de hacinamiento superior a 100%.

En el caso de Venezuela, la cantidad de reclusos es más de cuatro veces superior al número de plazas de todo el sistema carcelario.  

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esos niveles de aglomeración generan una “masacre silenciosa” y agravan problemas como enfermedades o exposición de delincuentes menores a nuevos grados de crímenes.

El hacinamiento dificulta separar a los presos según la gravedad de sus crímenes y cuanta más gente está encarcelada, más difícil se hace para los agentes de seguridad mantener el control y el orden. Tras el incendio de una cárcel en Chile en 2010, donde murieron más de 80 presos, quedó en evidencia que en los mismos pabellones convivían personas que fueron detenidas por vender películas piratas en la calle con asesinos.

La sobrepoblación se vincula también con la prisión preventiva en Latinoamérica. El procesamiento de los casos puede tardar años y las cárceles se van llenando poco a poco de personas que no han sido condenadas. En promedio, 33% de los reclusos de la región están en prisión preventiva.

Gustavo Fondevila, académico del Centro de Investigación y Docencia de México y quien se ha dedicado a estudiar en la última década las cárceles latinoamericanas, afirma que se han dejado de lado tres objetivos fundamentales de las cárceles: ser un instrumento de disuasión para aquellos que consideran cometer delitos; ser una herramienta de incapacitación y reducción de delitos y ser un centro de rehabilitación y reinserción social. El experto indica que el abandono de esos objetivos debe encender las alarmas: las cárceles de Latinoamérica no pueden tener como única finalidad castigar a quien cometió algún crimen.  

“Del fondo de mi corazón, si tuviera que cumplir una condena en alguna de nuestras cárceles, yo preferiría morir”, dijo una vez el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo.

El peor del continente

El hacinamiento, el ocio y el control de las cárceles por parte de los reclusos son aspectos que colocan el sistema penitenciario de Venezuela como el peor del continente, afirma el coordinador general de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma.

Con la creación en 2011 del Ministerio del Servicio Penitenciario, según reconoce Nieto Palma, se agravó la situación de las cárceles del país: “Para entonces ya habían problemas, pero no de la gravedad que hay ahora. Hay un retardo procesal terrible. El Plan Cayapa Judicial (2013) es uno de los programas que el ministerio creó para eso y no ha servido para nada; tampoco han logrado reducir los niveles de hacinamiento, por el contrario, ha aumentado”.

Una de las causas de hacinamiento es la clausura de los establecimientos. La capacidad del sistema carcelario del país es de 23.000 personas y solamente en calabozos policiales se encuentran 47.000 presos, asegura Nieto Palma.

“En vez de abrir centros penitenciarios, lo que han hecho es cerrarlos en un contexto donde el hacinamiento es grave. Entre 7 y 8 cárceles han sido desalojadas. Hay estados que incluso se quedaron sin centros de reclusión, como Zulia y Nueva Esparta. Ofrecieron abrirlos meses después y ya han pasado varios años desde entonces”, agrega.

En 2012 fue desocupada la prisión La Planta que estaba en El Paraíso, en Caracas, y sus reclusos fueron reubicados en otros centros. En 2013 ocurrió una masacre en el Centro Nacional de Sabaneta, donde fueron asesinadas 16 personas por una pugna entre bandas por el control del recinto, por lo que ordenaron su cierre. En 2016 la cárcel San Antonio de Nueva Esparta y la Penitenciaría General de la República en Guárico también fueron cerradas. En agosto de este año ocurrió otra masacre en la cárcel de Amazonas, donde murieron 37 presos en un enfrentamiento armado con funcionarios policiales de la entidad. 

Los penales más violentos en 2016 fueron la PGV, con 28 muertos y 11 heridos; Fénix, en Lara, con 8 muertos; La Pica, en Monagas, dondehubo 6 muertos; Puente Ayala, en Anzoátegui, con 14 muertos; y la cárcel de Apure, con 6 reclusos asesinados, según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones.

“Tenemos una Constitución donde se establece cómo debe funcionar el sistema penitenciario. El artículo 272 no se cumple. No tenemos personal ni programas enfocados en la reeducación de los privados de libertad, no hay espacios para el deporte. Nada de lo que contiene el artículo se cumple”. La carta magna estipula un sistema penitenciario que “asegure la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos”, por lo que estos centros deberían contar con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación. Todo esto “bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias que se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales”.

Precisamente, Nieto Palma destaca que para solucionar la crisis en el sistema penitenciario es necesario descentralizar las cárceles y entregarlas a las gobernaciones estadales. “También se debe tomar el control de las prisiones, pues quienes mandan dentro son los presos. Buscar penitenciaristas profesionales, porque el gobierno se ha dedicado a cambiar esa concepción y hacer creer que estos son policías de presos. La idea es buscar educadores. Lamentablemente, las cárceles son una universidad del crimen: quien entra medio choro, sale choro completo”, afirma.

En Venezuela existió el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios, que fue creado en 1992 por Elio Gómez Grillo. Este lugar fue clausurado por el gobierno en 2014. La organización se dedicaba a la formación de penitenciaristas universitarios que, luego de tres años de estudios, alcanzaban el titulo de técnicos universitarios superiores en penitenciarismo. “Eran quienes se encargaban de reeducar a los privados de libertad. El gobierno unió esta carrera a la Universidad Nacional de la Seguridad. Allí cambiaron el criterio de educadores y se decidió formar a policías de presos. Unos vulgares cabos de presos, quienes maltratan y golpean”, expresó Nieto Palma.